La nueva ley penal del menor

La nueva ley penal del menor: retos para la intervención socioeducativa
No resulta demasiado común dedicar un monográfico entero a la aplicación de una ley. Creemos, no obstante, que en el caso de la Ley orgánica 5/2000 Reguladora de la responsabilidad penal del menor este hecho está justificado. Esta ley puede tener una importante repercusión de cara a las respuestas que los profesionales de la intervención socioeducativa ofrecemos a las problemáticas de conflicto social relacionadas con la adolescencia y juventud.

De momento, sin embargo, la aplicación de la ley no ha estado exenta de polémica que, además, se ha hecho sentir desde distintos ámbitos. Para empezar, en el aspecto de opinión pública. Ciertamente, los medios de comunicación la han presentado mayoritariamente como una respuesta blanda, incomprensible para las problemáticas de violencia y delincuencia juvenil. Este hecho merece nuestra reflexión puesto que, sin duda, se está contribuyendo a crear una imagen social basada en la convicción de que cualquier alternativa al internamiento es equivalente a no ofrecer soluciones a una realidad que los últimos años ha generado una fuerte alarma social.

Desde el mundo profesional la acogida del texto legal ha sido ambivalente. Difícilmente se discute el espíritu de la ley, es decir, su clara voluntad de apostar por las respuestas educativas y responsabilizadoras a las conductas conflictivas de los adolescentes, y la posibilidad que abre a la intervención a partir de recursos y alternativas a la criminalización. Aun así, son muchas las voces críticas que se han levantado contra el procedimiento seguido para su aplicación, que ha creado una situación de colapso de servicios generada por la falta de previsión y de dotación de los recursos necesarios para la aplicación correcta de la ley.

La pretensión del monográfico no ha sido ni ofrecer una presentación exhaustiva del texto legal, ni presentar las múltiples experiencias de intervención que hoy en día podemos encontrar en el ámbito. Nuestro objetivo es que la ley nos permita abrir un debate para reflexionar sobre las posibilidades y los límites que acompañan su implementación. Ciertamente, con la entrada en vigor de la ley tienen que redefinirse multiplicidad de recursos que hoy atienden a los adolescentes y jóvenes con dificultades y conflictos sociales. Queremos, por consiguiente, invitar a todos los profesionales de la intervención socioeducativa a pensar cuál es la intervención que es preciso imaginar para los adolescentes y jóvenes en situación de conflicto social. Una intervención que plantee alternativas a la sanción penal, apostando por un trabajo que abra posibilidades a un trabajo más preventivo y que ofrezca respuestas pensadas desde la normalidad y la proximidad educativa.